La mayoría están vinculadas al sector inmobiliario y a operaciones societarias

La transparencia en el mercado inmobiliario se aborda de forma «muy tímida» en el Proyecto de Economía Sostenible.

Los notarios detectaron el pasado año un total de 439 operaciones societarias en las que se apreciaban indicios de delitos de blanqueo de capitales, según datos oficiales del Consejo General del Notariado. En los dos últimos años, el número de esas operaciones comunicadas al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) superan el millar.

Para la detección de esos supuestos, el Consejo del Notariado creó en 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), con el fin de intensificar y canalizar su colaboración con las Administraciones Públicas en esta materia. Es decir, en todo lo relacionado con la lucha contra el capital procedente de actividades delictivas.

Es el citado órgano notarial el que comunica al SEPBLAC, en nombre del notario correspondiente, las operaciones sospechosas de que tras ellas existen indicios delictivos, después de analizar el contenido de las actas públicas autorizadas.

Las operaciones que se analizan son, fundamentalmente, las que tienen vinculación con cuestiones inmobiliarias y los actos jurídicos relacionados con operaciones societarias. «Su examen permite localizar patrones de operaciones potencialmente vinculadas al blanqueo de capitales», se destaca al respecto desde el Consejo del Notariado, desde donde se incide igualmente en el hecho de que en 2009 atendieron más de nueve mil requerimientos, policiales, judiciales y del SEPBLAC, de información sobre personas físicas o jurídicas.

Por otro lado, el Consejo del Notariado considera «muy tímida» la forma en que el Proyecto de Ley de Economía Sostenible aborda todo lo relacionado con la transparencia en las transacciones inmobiliarias.

Así, sostienen que las propuestas para mejorar la coordinación entre el catrastro y el registro de la propiedad «son positivas, pero insuficientes», por lo que consideran imprescindible que se unifiquen ambas bases de datos.

La Razón. 3 de mayo de 2010