Los jueces ordenan seguir investigando a Rato por blanqueo

Después del varapalo inicial del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid a la UCO, que tras recibir un detallado informe sobre el presunto blanqueo de Rodrigo Rato lo archivó en un par de semanas, los jueces de la Audiencia Provincial respaldan a la Guardia Civil y la Fiscalía. En un auto del pasado 28 de septiembre, ordenan seguir investigando al ex vicepresidente del Gobierno por delitos de blanqueo de capitales, y estiman así parcialmente los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

En esta ocasión, los jueces prefieren acotar el ámbito de la investigación a dos de las sociedades de Rato, llamadas Kradonara y Vivaway, porque en ambos casos ven que se han utilizado testaferros, no había actividad y se han movido grandes cantidades de dinero a otras sociedades también del ex ministro.

El informe de la UCO, ya adelantado por este periódico el pasado 8 de abril, relataba cómo las sociedades de Rato y su entorno facturaron 82 millones de euros a las empresas públicas que privatizó siendo ministro.

Ese informe explicaba posibles cohechos como delito subyacente, o sea, previo, al blanqueo de capitales. La teoría de la UCO era que Rato privatizó las empresas, nombró a sus altos cargos cuando tenía el poder y después les facturó comisiones con sus empresas, camufladas con falsos servicios prestados.

El juez de instrucción decidió abrir una pieza separada y archivarla en el mismo acto por una presunta prescripción de los delitos. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo veían así. La Audiencia Provincial decide sobre esta polémica que no están prescritos los delitos de cohecho, sino que lo harían en 2019, aunque no en todos los casos.

Sin embargo, no ve claros los presuntos cohechos en algunas de las empresas privatizadas, así que al final opta por que esa parte se deje sin investigar, porque "confirmar o descartar esas sospechas supondría una ingente instrucción que implicaría la investigación de todo el proceso de privatización de todas las sociedades de capital público".

Pero destaca un caso: el de la venta en 2000 de unas fincas de la privatizada Azucarera Ebro, por las que Cor, empresa de Rato, se llevó una comisión del 3% (y era una empresa de publicidad, no inmobiliaria). Ahí los jueces ven un «relevante indicio de cohecho», pero como han pasado más de 15 años lo consideran prescrito. Pese a esto, sí consideran otros delitos antecedentes del blanqueo en las dos sociedades de Rato mencionadas, en este caso delitos contra la Hacienda pública.

Fuente: elmundo.es

05/10/2017