Consulta pública modificación de Ley 10/2010, de 28 de abril

Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para adecuarla a los contenidos de la directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Esta consulta se presenta en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tiene por objeto recabar las opiniones y propuestas de las personas y entidades que potencialmente se pudieran ver afectadas por la modificación de la normativa citada, bien mediante aportaciones directas o a través de las asociaciones u organizaciones que representen los intereses de todo un colectivo.

a) Descripción de la propuesta.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo regula las obligaciones de los llamados sujetos obligados, esto es, las personas físicas y jurídicas a las que la norma impone determinadas obligaciones de cuidado y control respecto de sus clientes, de cara a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La vigente Ley incorpora ya la mayor parte de las previsiones normativas contenidas en la Directiva 849/2015, de 20 de mayo. Sin embargo, es necesario llevar a cabo determinadas adaptaciones conceptuales en ciertos artículos, así como revisar el régimen de la potestad sancionadora para alinearlo con las nuevas exigencias y la regulación en materia de procedimiento administrativo que entró en vigor a finales de 2016. Cierto es que, más allá de los puntos que se van a abordar en esta propuesta, existen otros ámbitos que requerirán una nueva revisión de la norma, pero se trata de cuestiones que en este momento se encuentran de nuevo en discusión en la Unión Europea en el contexto de una modificación parcial de la Directiva 849/2015, por lo que, hasta tanto no se clarifiquen las obligaciones a adoptar en España de manera definitiva, no se llevarán a cabo modificaciones adicionales en esos puntos.

b) Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma

Las revisiones previstas, si bien no van a suponer una modificación fundamental en el régimen de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre otras cosas se orientan a mejorar el sistema punitivo, así como a articular mecanismos que faciliten la comunicación segura de los incumplimientos de la normativa en la que puedan incurrir sus destinatarios. El sistema sancionador se articula como estructura disuasoria del incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley, y requiere que se garantice una cierta armonización en su ejercicio en toda la Unión Europea.

c) Necesidad y oportunidad de su aprobación

La necesidad de aprobación de esta norma se deriva del compromiso de desarrollar en España en adecuado marco jurídico que de plena aplicabilidad a la normativa de la Unión Europea.

d) Objetivos de la norma

  • Actualizar el régimen de sanciones a imponer en el supuesto de la comisión de infracciones por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, compatibilizándolo son los límites máximos previstos en la Directiva.
  •  Asimismo, resulta importante incorporar a nuestro ordenamiento también en este ámbito, como ya ha sucedido en otras áreas, un sistema que favorezca la detección de la comisión de infracciones contra lo dispuesto en la norma, mediante la potenciación de los mecanismos de denuncia, tanto internos de las entidades, como externos, de comunicación a las autoridades de potenciales infracciones.

  • Modificar el concepto de grupo empresarial, de cara a alinearlo con lo dispuesto en la Directiva 849/2015.

  • Crear un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad, es también necesario, de cara a garantizar una mejora del control y conocimiento de los prestadores de servicios de este tipo, facilitando su supervisión.

  • Revisar el concepto de país tercero equivalente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, un concepto que casi desaparece de la nueva normativa europea y deberá ser objeto de una redefinición en la norma española.

  • Incorporar la obligatoria aplicación de medidas de diligencia reforzada en relación con los países de la lista elaborada por la UE de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva.

  • Aclarar las limitaciones al uso de la información recopilada por los sujetos obligados en la aplicación de las medidas de diligencia debida, de cara a la mejor protección de los datos conservados en cumplimiento de la Ley.

  • Reformar los umbrales para la consideración como sujetos obligados de las personas que comercien con bienes en efectivo. Este umbral debe reducirse de los 15.000 actuales a los 10.000, de cara a dar cobertura a los pagos en efectivo realizados por no residentes, cuyo límite máximo actual se sitúa en 15.000 euros.

e) Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. Todas las modificaciones tienen su origen en una norma de la Unión Europea de obligado cumplimiento para España, lo que determina una cierta limitación en cuanto a las opciones posibles a la hora de regular esta materia.

Sin embargo, hay determinados ámbitos donde existe la posibilidad de articular soluciones alternativas para la consecución de los fines previstos por la Directiva, como son los siguientes:

  • Sistemas de denuncias a la Administración de potenciales incumplimientos de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, interesan las propuestas sobre los mecanismos técnicos y jurídicos que permitan garantizar la confidencialidad de las denuncias, así como los requisitos mínimos que las mismas deben contener.

  • Denuncias de incumplimientos en el seno de los sujetos obligados. Si bien las características de detalle de estos mecanismos deberán quedar incorporadas en la norma Reglamentaria de desarrollo, interesa conocer las observaciones respecto a la forma en que debería darse cumplimiento a esta obligación. Particularmente, interesa conocer las sugerencias relativas a la forma en que se deberían complementar estos mecanismos con los que puedan existir para otros ámbitos normativos, particularmente en el sector financiero.

  • Desaparición de la lista europea de países equivalentes y opciones alternativas para la aplicación de este concepto, que subsiste en la Directiva como tal, en algunos artículos concretos.

  • Sistema y características del registro de personas y entidades que presten servicios a sociedades. Dada la multiplicidad de funciones que puede llevar a cabo un prestador de servicios a sociedades, el potencial número de sujetos afectados por esta obligación de registro es muy elevado. En muchas ocasiones, los profesionales del Derecho pueden llevar a cabo de manera esporádica o anecdótica alguno de los servicios enumerados, no siendo sin embargo su actividad principal o típica. En esta línea, interesa conocer las propuestas y sugerencias que pudieran existir de cara a cumplir con este requisito de registro.

Sin perjuicio de las cuestiones concretas planteadas, se podrán remitir cualesquiera otras sugerencias o comentarios respecto del resto de cuestiones sobre las que va a versar la modificación normativa.

Plazo de duración de la consulta pública: Hasta el 10 de junio de 2017

Dirección de correo donde dirigir las observaciones:

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Fuente: el tesoro.es